Apreciados lectores,
Por décadas, los coches tirados por caballos han sido parte del paisaje urbano y simbólico del «Centro Histórico de Cartagena». Más allá de la postal turística, este sistema representó una forma organizada de transporte patrimonial, heredera de prácticas coloniales y republicanas que sobrevivieron a la modernización del siglo XX gracias a su arraigo cultural y a la economía familiar que sostenía.
Pasear en estos coches ofrece una experiencia sensorial rica: visual (carruaje en colores originales, paisajes y arquitectura a ritmo lento), auditiva (cascos de caballo —ruido de paso— , traqueteo de ruedas, parloteo de gente), olfativa (olor a caballo, heno, quizás perfume, tierra mojada), táctil (ergonomía de carruaje, vibraciones suaves, brisa, texturas del asiento) y una sensación general de nostalgia y calma al moverse sin prisa, conectando con una época pasada a través del movimiento rítmico y la presencia animal.
Para destacar:
- Símbolo Cultural: Los paseos en carruaje han sido una tradición por décadas, parte de la historia y el encanto colonial de Cartagena, consolidándose como un elemento de pertenencia cultural para la ciudad.
- Patrimonio Histórico: La ciudad entera fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1984, y los carruajes eran parte de esa experiencia y certificación.
En Cartagena, la defensa de los animales terminó convirtiéndose en una excusa elegante para hacer lo que el Estado colombiano sabe hacer demasiado bien: desconectar a la gente de su sustento sin hacerse responsable de las consecuencias. Bajo el aplauso fácil del progresismo urbano y la indignación selectiva de las redes sociales, el Distrito decidió borrar de un plumazo un oficio histórico y reemplazarlo por un modelo centralizado, costoso y socialmente regresivo.
Sin embargo, el reciente proceso de sustitución de estos vehículos por coches eléctricos administrados directamente por el Distrito plantea una pregunta de fondo: ¿puede el Estado proteger a los animales sacrificando el tejido social que históricamente sostuvo la actividad?
Desde una perspectiva jurídica, la respuesta no es tan simple como se ha presentado en el discurso oficial.
TRADICIÓN DERECHO Y BIENESTAR ANIMAL: UN EQUILIBRIO MAL RESUELTO!
El marco normativo colombiano ha avanzado de forma significativa en materia de protección animal. La Ley 1774 de 2016 reconoció a los animales como seres sintientes, y la Ley 2138 de 2021 estableció lineamientos para la sustitución de vehículos de tracción animal. No obstante, esta última introdujo una excepción relevante: las actividades de carácter turístico, reconociendo implícitamente que existen prácticas patrimoniales que requieren un tratamiento diferenciado.
La administración, en lugar de armonizar esta excepción con estándares técnicos de bienestar animal, optó por una prohibición total en el «Centro Histórico de Cartagena», acompañada de la implementación de un sistema de coches eléctricos de propiedad oficial. Jurídicamente, el Distrito ejerció su potestad reglamentaria; políticamente, tomó una decisión de alto impacto; pero socialmente, desconoció principios esenciales del Estado Social de Derecho, como la confianza legítima, la proporcionalidad y la protección del trabajo!
INTERPRETACIÓN MAXIMALISTA DE SU POTESTAD REGLAMENTARIA!
La prohibición total en el perímetro histórico y creación de un sistema de transporte turístico eléctrico de propiedad pública. Desde el punto de vista formal, la medida se ampara en decretos distritales válidamente expedidos. Desde el punto de vista material, plantea al menos tres problemas jurídicos relevantes.
- Primero, la ruptura del principio de confianza legítima. Durante años, los cocheros operaron bajo censos, permisos y regulaciones del propio Distrito. La eliminación abrupta del oficio, sin un esquema de transición patrimonial o societaria, constituye una afectación directa a expectativas legítimas creadas por la administración.
- Segundo, la desproporcionalidad de la medida. El maltrato animal no exigía necesariamente la eliminación del operador histórico, sino la elevación del estándar técnico.
- Tercero, el cambio de rol del Estado. El Distrito dejó de ser regulador para convertirse en propietario y administrador del sistema, concentrando la actividad económica en la administración pública. Esta decisión, aunque no prohibida, resulta problemática en términos de subsidiariedad y competencia, especialmente cuando existían modelos asociativos viables con participación de los antiguos operadores.
EL PROBLEMA NO FUE LA SITUACIÓN, SINO LA FORMA!
En derecho administrativo comparado, la sustitución de actividades tradicionales exige transiciones progresivas, no rupturas abruptas. En ciudades como Nueva York, Viena o Sevilla, entre otras, el debate sobre los carruajes con caballos se resolvió mediante regulación estricta: razas adecuadas de tiro pesado, adaptación de carruajes, jornadas limitadas, controles y puntos veterinarios permanentes, además, suspensión automática por condiciones climáticas adversas. El operador privado nunca fue eliminado; fue regulado!
Cartagena eligió un camino distinto: el Estado pasó de regulador a empresario, concentrando la propiedad de los vehículos, la administración del servicio y la definición de quién puede operar. Este giro plantea un problema jurídico de fondo: cuando la administración pública sustituye completamente al operador histórico sin garantizarle propiedad, participación o ingreso equivalente, se rompe el equilibrio entre interés general y derechos adquiridos.
No se trataba de defender el uso indiscriminado de caballos livianos bajo condiciones inhumanas —una práctica claramente reprochable—, sino de elevar el estándar técnico del oficio, algo perfectamente viable desde el punto de vista jurídico y veterinario.
UNA ALTERNATIVA QUE NUNCA SE CONSIDERÓ!
Desde una perspectiva técnica y humana, el Distrito pudo liderar un modelo radicalmente distinto: la formalización de los cocheros como empresa de transporte turístico patrimonial, con participación accionaria de las familias históricas, certificación obligatoria de razas de tiro pesado (Percherón, Belga, Ardenés), rutas cortas, horarios térmicamente responsables y supervisión veterinaria pública.
Ese modelo hubiera neutralizado el argumento del maltrato animal, preservado el patrimonio inmaterial y protegido el ingreso de más de 400 familias que dependían directa o indirectamente de la actividad. En cambio, se optó por un sistema que, bajo el discurso del progreso, dejó a antiguos operadores convertidos en empleados precarios o, peor aún, excluidos del sistema.
EL DEBATE FISCAL Y LA TRANSPARENCIA PÚBLICA!
La inversión cercana a los siete mil millones de pesos, con un costo unitario aproximado de 113 millones por coche eléctrico, no es ilegal per se. Sin embargo, desde el punto de vista del control fiscal, resulta legítimo cuestionar la trazabilidad del proceso, la pluralidad de oferentes y la relación costo–beneficio para el interés público. En un país donde un vehículo eléctrico nuevo puede adquirirse por menos de la mitad de ese valor, el estándar de justificación técnica debe ser particularmente alto.
La ausencia de un debate público robusto, con participación de historiadores del transporte —como Camilo Ernesto Hernández Rincón—, urbanistas, antropólogos y expertos en patrimonio cultural, y no lo que sucedió, un proceso liderado por un humorista, debilitó totalmente la legitimidad cultural del proyecto. Transformar un símbolo histórico sin consultar a quienes han estudiado su evolución no es solo una omisión académica: es una falla institucional.
DESDE MI ÓPTICA: MODERNIZAR NO ES BORRAR!
La protección animal es una causa justa y necesaria. Pero cuando se instrumentaliza para justificar decisiones que generan exclusión social, pierde su dimensión ética y se convierte en un acto de poder. Cartagena tenía la oportunidad de convertirse en un referente latinoamericano de transición responsable entre tradición y tecnología. En su lugar, eligió un modelo centralizado que sacrifica oficio, memoria y economía familiar en nombre de una modernidad mal entendida y descontextualizada.
El verdadero progreso no consiste en reemplazar personas por máquinas administradas por el Estado, sino en elevar los estándares de dignidad —humana y animal— de manera simultánea. En esa ecuación, Cartagena aún tiene una deuda pendiente.
Lo digo yo!
